SANTO DOMINGO.- La mayoría de dominicanos deportados llega desde Estados Unidos y Europa, según el Instituto Nacional de Migración.
Informó que en 2016, unos 1,711 (59%) dominicanos fueron rapatriados desde Estados Unidos, 203 desde Puerto Rico, 152 de España, 105 de Trinidad y Tobago, 90 de Chile, 88 de Panamá, 62 de Guyana Francesa, 55 de México, 46 de Curazao, 30 de Ecuador y 360 desde otros países.
Amparo Reyes, directora de la Fundación Bienvenido Seas, que asiste a los deportados para que puedan reinsertarse en la sociedad, explicó que Estados Unidos tiene el régimen más severo de deportación, que es el “nunca jamás”, contrario a otros países donde, después de salir de prisión esas personas tienen la opción de quedarse o regresar a su país.
República Dominicana es uno de los países que se ha visto afectado por el aumento en las deportaciones desde los Estados Unidos a partir de la Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante promulgada en 1996.
La cantidad de dominicanos repatriados desde Estados Unidos por casos criminales aumentaron de un 61.6% en 2009 a un 81.1% en 2015, lo que representa un incremento del 19.5% en los últimos cinco años, según un informe preparado por el Instituto Nacional de Migración.
El estudio, que recoge las deportaciones de criollos desde el 2012 al 2016, dice además que las mismas, por casos no criminales aumentaron en un 4% en 2016 con respecto a 2015.
Indica, asimismo, que el retorno forzado a la República Dominicana, particularmente para los que han vivido la mayor parte de su vida en Estados Unidos, implica un reto, debido a la discriminación y el estigma social que enfrentan por esta causa, y las barreras que se les impone en el ámbito laboral, educativo y social.
“El Estado dominicano tiene la obligación de proteger, promover y garantizar los derechos humanos de esta población deportada, generalmente vulnerable y excluida por discriminación, tanto en su accionar como frente al tratamiento de terceros”, señala.
Agrega que la existencia de un marco general de estigma y discriminación en República Dominicana contra deportados apunta a la necesidad del fortalecimiento de las políticas públicas y programas y acciones que sean efectivos para la reinserción de esta población.
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