El mandatario, quien goza de alta popularidad internacional por su lucha contra las bandas en el Salvador y que logró aplacar los altos niveles de violencia ejercido por estos grupos criminales, afirmó que “se puede resolver” la crisis, en momentos en que las ayudas internacionales aún no terminan de llegar.
“Podemos arreglarlo. Pero necesitaremos una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, el consentimiento del país anfitrión y todos los gastos de la misión que cubrir.”, escribió Bukele la madrugada del domingo en su cuenta de X.
Actualmente, la nación caribeña se encuentra inmersa en un estallido social, que ha incrementado los niveles de inseguridad y violencia, al punto de mantener en una especie de asilo involuntario a su primer ministro Ariel Henry, quien no se encuentra en Puerto Rico desde la pasada semana.
Mientras las bandas controlan por completo la capital haitiana, la misión liderada por Kenia y que ya fue aprobada en octubre pasado por el Consejo de Seguridad de la ONU, aún se encuentra a la espera de los recursos ofrecidos por la comunidad internacional, pese a tener ya 400 agentes listos para ser enviados al combate.
Esta semana, la ausencia de fuerzas policiales en las calles de Puerto Príncipe, dejadas a merced de las bandas, el ataque continuado a una subestación de policía en la región metropolitana, los casos de violaciones de los derechos humanos, los robos y la incapacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad, es la situación que presentó en la capital haitiana.
Puerto Príncipe está sometida a una grave situación de terror impuesta por bandas armadas, agravada por los acontecimientos de la noche del 2 al 3 de marzo en la prisión civil de Puerto Príncipe y en la prisión de Croix-des Bouquets, atacadas por las bandas, matando a policías y liberando a más de 3.000 presos.
Asesinatos, decapitaciones e incendios de edificios públicos y privados, así como hospitales, centros de ocio, bancos y locales comerciales, son las señas de identidad de las acciones inhumanas de las bandas, provocando la huida de cientos de personas hacia otras zonas menos expuestas.
La ex primera dama Martine Moise dijo este jueves en su página de Facebook que «el país se derrumba porque muchos se niegan a afrontar las consecuencias de su incoherencia».
Es fácil convertir en chivo expiatorio a las víctimas del crimen perpetrado por el verdugo cuando éste quiere aferrarse al poder por todos los medios, añadió quien fuera la esposa del asesinado presidente Jovenel Moise.
«Quieren intentarlo todo, pueden intentarlo todo, pero desgraciadamente la verdad ya no puede ser reprimida y al final la Justicia triunfará», expuso.
Este jueves, la Fondation Je Klere (FJKL) ha denunciado la laxitud de las autoridades y ha pedido un «cambio radical» en el alto mando de la Policía Nacional Haitiana (PNH) tras los ataques a las dos mayores cárceles del país.
La organización subrayó que es difícil hacer un balance de la situación, argumentando que se han fugado un total de 4.726 presos, con una treintena de muertos en el interior de la Penitenciaría Nacional y varios en la Grand Rue. Además, según la entidad, más de 30 personas murieron en las calles de Puerto Príncipe y una decena en Croix-des-Bouquets.
«La Policía Nacional Haitiana está desbordada y no parece estar preparada para esta situación de guerra. El alto mando de la Policía y las Fuerzas Armadas haitianas están sometidos a los acontecimientos y no toman ninguna iniciativa para frenar el avance de las bandas y dar esperanza a la población civil desilusionada», dice el informe.
En la región metropolitana de la capital, la crisis del agua persiste. Hay prisa por llegar a los pocos quioscos de venta del líquido que están abiertos, y la gente corre varios kilómetros en busca de agua tratada para el consumo.
Bandas de delincuentes fuertemente armadas atacaron y saquearon el jueves la empresa Carribean Port Services (CPS), situada en los locales de la Autoridad Aeroportuaria Nacional (APN), en el centro de la capital.
El recrudecimiento de la violencia se suma al alza de los productos de primera necesidad en el mercado local, aumentando el riesgo de una creciente inseguridad alimentaria en un país ya sumido en una crisis humanitaria sin precedentes.
La reciente escalada de violencia en varios distritos de Puerto Príncipe ha obligado a unas 15.000 personas a abandonar sus hogares. La mayoría de estas personas ya habían sido desplazadas con anterioridad. Casi el 32 % de estas son niños en edad escolar, reveló la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en su último informe.
«Con estos nuevos desplazamientos, el número de escuelas utilizadas como refugio por los desplazados ha vuelto a aumentar», subraya la institución, que denuncia que la violencia está poniendo al sistema sanitario y de respuesta sanitaria al borde del colapso.
Al menos 3 hospitales principales se han visto obligados a cerrar sus puertas; muchos otros centros de salud también han cerrado o reducido sus actividades debido a la violencia y a la falta de medicamentos y personal. Unas 362.000 personas se encuentran actualmente desplazadas en el país, frente a las 314.000 que habrá a finales de 2023, según la OCHA.
El Gobierno haitiano prorrogó hoy por un mes el estado de emergencia en todo el departamento del Oeste, en un decreto publicado en el diario oficial del país Le Moniteur. El objetivo es «restablecer el orden y tomar las medidas adecuadas para recuperar el control de la situación».