CARACAS.- La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, declaró el sábado la ilegitimidad del presidente Nicolás Maduro a pocos días del inicio de su segundo mandato, mientras se intensifican las presiones internacionales para que se convoque nuevamente a elecciones en el país suramericano.
El desconocimiento de la legitimidad fue anunciado por el nuevo jefe del Congreso, Juan Guaidó, quien ratificó, durante en el inicio de sesiones, el repudio del cuerpo legislativo a las elecciones presidenciales de mayo pasado en las que el gobernante izquierdista logró la reelección, y dijo que, a partir del 10 de enero, cuando comienza un nuevo período presidencial, Maduro estará “usurpando” la presidencia.
En su discurso el congresista del partido Voluntad Popular, que dirige el líder encarcelado Leopoldo López, planteó que la solución a la crisis política que enfrenta el país pasa por el “cese la usurpación” de la presidencia, y sostuvo que se buscará generar condiciones para un “gobierno de transición qué con el respaldo del pueblo, de la comunidad internacional, de las fuerzas armadas, logremos definitivamente elecciones libres y generar la atención a la ayuda humanitaria”.
En ese sentido, Guaidó anunció que la Asamblea Nacional asumirá, entre sus primeras acciones, la creación de un órgano de transición para restituir el orden constitucional y para renovar y designar lo que llamó los “poderes usurpados”, pero no ofreció detalles.
En el acto de inicio de sesiones del Congreso estuvieron presentes más de una veintena de diplomáticos entre ellos el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Caracas, y representantes de los gobiernos de Francia, Alemania, Italia, Brasil, Japón y Colombia, entre otros.
Por otra parte, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, anunció el sábado durante un acto con seguidores que Maduro juramentará el 10 de enero ante el Tribunal Supremo de Justicia, y descartó que el mandatario tome posesión, tal como lo prevé la constitución, ante el Congreso al que señaló de mantenerse en desacato de las decisiones del Poder Judicial.
Cabello dijo que desde el domingo grupos oficialistas tomarán la capital venezolana para instalar campamentos en diferentes puntos en defensa de la constitución y Maduro.
Luego de tres años de forcejear sin éxito con Maduro, la oposición aprovechó el inicio de sesiones del Congreso y la instalación de una nueva directiva para intensificar la confrontación contra el gobernante que en pocos días inicia su segundo mandato de seis años en medio de crecientes presiones internas y externas, y una profunda crisis económica y social.
La instalación de la nueva directiva se da un día después del duro pronunciamiento que realizó el Grupo de Lima, que integran 14 países de la región, que pidió a Maduro que no asuma el 10 de enero el segundo mandato, y que transfiera el poder a la Asamblea Nacional hasta que se convoquen nuevas elecciones.
Trece de los representantes de las cancillerías, con excepción de México, aprobaron un documento en el que reiteran que la elección presidencial del 20 de mayo “carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales”, y plantean el no reconocimiento de la legitimidad del nuevo período de Maduro.
Asimismo, el grupo llamó a endurecer las sanciones contra el gobierno de Maduro y sus funcionarios, y expresó su apoyo a los esfuerzos para iniciar procedimientos contra el mandatario venezolano en la Corte Penal Internacional.
Al rechazar el pronunciamiento, el canciller Jorge Arreaza acusó al Grupo de Lima de “alentar un golpe de estado” al intentar desconocer al gobierno y las instituciones, y dijo que Venezuela responderá bajo el principio de reciprocidad a las acciones que individualmente decida tomar cada gobierno.
Arreaza ratificó la legitimidad del gobierno de Maduro e indicó que tomará posesión el 10 de enero como lo establece la Constitución por lo que “no requiere de la venia de ningún gobierno extranjero”.
Mientras las tensiones internas y externas se intensifican la crisis económica y social continúa profundizándose en Venezuela ante el vertiginoso avance de la hiperinflación que alcanzó los siete dígitos y la paralización del aparato productivo.
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