Sin el reforzamiento de la justicia será muy difícil acabar con la impunidad de los feminicidios y el maltrato a las mujeres en América Latina, dijo en entrevista con Efe la directora regional para Latinoamérica y el Caribe de Unicef, María Cristina Perceval.
Perceval es una de las voces implicadas en el programa Spotlight de la Unión Europea (UE) y las Naciones Unidas (ONU), que dotado con 500 millones de dólares pretende eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres en todo el mundo y en especial en Latinoamérica, por la gravedad de los feminicidios.
En América Latina se encuentran 14 de los 25 países con mayor número de feminicidios del mundo y en 2016 solo en México se reportaron 2.813 casos, una cifra que ha ido creciendo anualmente.
El programa se implementará en Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y México.
«En México hay 9 feminicidios al día y el programa Spotlight será el foco reflector hacia estos feminicidios para prevenirlos y eliminarlos», explicó Perceval a Efe.
«El feminicidio no es solo un problema de seguridad sino de derechos humanos y atraviesa todos los sectores y como tal hay que tratarlo e intervenir. Y Spotlight así lo define y busca corregir los sistemas de salud, de policía, de justicia y de educación», señala Perceval.
La representante de Unicef consideró que la problemática se debe tratar como un «ciclo de vida» entero. «Desde que nace una niña, comienza el ciclo de violencia y sigue y se acumula en casa, en la escuela y en el trabajo. La mayor parte de los trabajos precarios los hacen mujeres», indica.
Añade que Latinoamérica y el Caribe tienen la tasa más alta de embarazos adolescentes del mundo, sólo por debajo del África subsahariana.
«En la región hay un elevado número de adolescentes que se casan con hombres adultos, empujadas por la familia y la pobreza. Se necesita un cambio social, cultural y mental para cambiar este ciclo vicioso», afirma Perceval.
La experta agrega que este cambio es el más difícil de conseguir aunque sea el objetivo de Spotlight, que esta semana se presentó en la Ciudad de México.
«No podemos imponernos, pero sí empujar a la revisión de usos y costumbres y prácticas que de tan extendidas se han convertido en cotidianas como son la naturalización de la violencia. La normalidad de que a un niño se le puede pegar, a las niñas violar y a la mujer matar porque es un objeto de mi pertenencia», señala.
La experta recuerda que un 40 % de las mujeres mexicanas víctimas de la violencia han reconocido haber golpeado a sus hijos.
En su opinión hay que trabajar los estereotipos en la escuela para que niños y niñas aprendan a convivir en un ambiente respetuoso, seguro y libre para todos.
«Si esto no se implementa, el pasaporte a la violencia, el maltrato y la violación está asegurado», apuntó.
El programa en México tendrá una duración de cuatro años y será implementado por agencias de la ONU, que trabajarán en coordinación con el Gobierno mexicano y los gobiernos estatales y municipales y organizaciones de la sociedad civil.
Está dotado con 10 millones de dólares y el objetivo es recaudar 4 millones más entre las agencias, el sector privado y el Gobierno de México.
«Uno de los pilares del programa es conseguir que los derechos legales sean reales, no se queden en papel. Tenemos un compromiso con el Gobierno de México, al más alto nivel, para que esta política se convierta en integral», dice.
En la implementación del programa colaborará la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres.
En México, el proyecto se efectuará en los municipios de Chihuahua, Ciudad Juárez, Chilpancingo, Ecatepec y Naucalpan, y se compartirán experiencias con otros estados como Veracruz, Puebla, Nuevo León y Ciudad de México.
Los municipios fueron seleccionados por sus altas tasas de defunciones femeninas con presunción de homicidio, altos números de desapariciones de mujeres y alto porcentaje de mujeres que han sufrido violencia sexual.
Antes de unirse a Unicef en marzo del 2016, María Cristina Perceval se desempeñó como representante permanente de Argentina ante las Naciones Unidas (2012-2015) y como subsecretaria de Derechos Humanos (2010 -2012).
