El tribunal también ordenó el cese de la prisión preventiva a la pastora Rossy Guzmán y su hijo Tanner Flete, además del coronel Rafael Núñez de Aza, también implicados en el caso Coral.
Tanto el mayor general Cáceres como el coronel Núñez de Aza deberán pagar una garantía económica de RD$100 millones, mientras la pastora Rossy Guzmán y su hijo deberán pagar RD$50 millones.
La red de corrupción a la que supuestamente pertenecía el mayor general Cáceres defraudó al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos. En el proceso el Ministerio Público incautó una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles a los acusados en distintos lugares del país, incluyendo diferentes locales, casas, apartamentos, villas, solares y vehículos.
Con las operaciones Coral y Coral 5G el Ministerio Público presentó cargos por corrupción administrativa contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, imputadas de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.
Cáceres Silvestre en el año 2011 asumió la seguridad militar del entonces candidato presidencial Danilo Medina Sánchez, quien al asumir la Presidencia en el año 2012 lo designa al frente del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).
Junto a Cáceres Silvestre también son procesados Rossy Guzmán Sánchez, la Pastora; el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, así como el mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez.
En tanto que en la Operación Coral 5G, derivada de la Coral, fueron arrestados y cumplen medidas de coerción los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío ARD, Franklin Mata Flores, y José Manuel Rosario Pirón.
En el caso también están implicados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.
En otra audiencia Adán Cáceres y Esmeralda Ortega Polanco solicitaron al tribunal que le entregaran documentos de entidades bancarias. En el caso de Cáceres fue acogido de manera parcial, mientras que respecto a Esmeralda se ordenó su entrega. También, fue rechazada una solicitud del acusado Pedro Castillo Nolasco respecto a una prueba relativa a un teléfono móvil.
