El colectivo de Padres por la Educación Presencial en la República Dominicana (PPEPRD) notificó a las autoridades, a través de un acto de alguacil, de una puesta en mora para que en un plazo de 15 días presente un plan de desescalada o ruta crítica para reanudar las clases presenciales de manera segura, gradual y voluntaria.
La información fue dada a conocer, a través de una rueda de prensa, por el abogado Yurosky Mazara y las voceras del colectivo de Padres, Montserrat Bordas y Gabriela Porrello.
Según explicó el abogado el emplazamiento fue notificado al presidente Luis Abinader, a la vicepresidenta Raquel Peña, como jefa del Gabinete de Salud, a la primera dama de la República, Raquel Arbaje, como jefa del Gabinete de la Niñez y Adolescencia, a los ministros de Educación, Roberto Fulcar y de Salud Pública, Plutarco Arias y al Consejo Nacional de Educación (CNE).
“Mediante esta actuación, que ampara la ley de los procedimientos constitucionales, el Colectivo (de Padres) le ha dado un plazo de 15 días a las autoridades para que respondan y den una respuesta formal dentro de los requerimientos que se formulan en este acto para que de manera prioritaria… se declare como un tema de alto interés nacional el retorno a la educación presencial de forma segura…”, expresó.
Además, detalló que el colectivo emplazó a las autoridades para que en una ruta crítica o un plan de desescalada se establezcan fechas claras de ejecución, atendiendo a criterios objetivos, demográficos y de especialidad, lo que garantice opciones de educación híbrida o semipresencial, en una primera etapa. Su criterio es que se vaya aumentando el retorno a las aulas hasta llegar a la presencialidad voluntaria al 100 por ciento.
El abogado advirtió que de no obtemperar al emplazamiento, el colectivo PPEPRD presentará un recurso de amparo de cumplimiento por entender que se está violentando el derecho fundamental al acceso a la educación.
“Si las autoridades no responden en un plazo de 15 días laborales que otorgamos mediante este acto el colectivo procederá a interponer un amparo mediante una acción colectiva a la que hemos llamado a sumarse a todas las fuerzas vivas interesadas en la educación de los niños en la República Dominicana”, expresó.
Dijo que esperan que el Tribunal Superior Administrativo ordene la apertura de las aulas, así como se ha hecho con otros sectores, como por ejemplo al aceptar los reclamos de los abogados y ordenar al Poder Judicial la apertura de los tribunales.
Recordó que la docencia presencial se ha implementado en 166 países del mundo y que esa acción legal está amparada en el artículo 107 de la Ley No. 137-11 de los procedimientos constitucionales.
Lamentó que de acuerdo a los datos del UNICEF la República Dominicana es uno de los tres países en toda la región que no tiene listo un protocolo para el retorno seguro a la educación presencial.
Mazara entiende que ya no es razonable mantener la educación a distancia en el país, tomando en cuenta que no satisfacen las necesidades de los escolares.
Con ese mismo criterio la vocera del PPEPRD, Montserrat Bordas, afirmó que es necesario que el país inicie con un plan piloto para reanudar las clases y precisó que hasta el momento la modalidad a distancia no es efectiva porque existen otros aspectos en el desarrollo de los niños que no están siendo satisfechas.
La educadora y psicóloga precisó que ya los niños y adolescentes han comenzado a presentar síntomas de somatización, entre los que citó los altos niveles de ansiedad, amenazas de suicidios, depresión, desmotivación académica y otros síntomas.
De su lado, Gabriela Porrello, quien como Bordas vestía con una camiseta con el hashtag #abranlasaulas, destacó que las autoridades han sido “muy eficientes” en elaborar en sólo dos meses un plan para impartir las clases a distancia, con sistema multimedios: televisión y radio y que en 11 meses no han sido suficientes para tener listos los protocolos para abrir la docencia presencial.
“El Ministerio de Educación sabemos que es eficiente porque en un plazo de unos dos meses hizo un programa de educación virtual que nunca se había hecho en la República Dominicana.
Entonces en dos meses lograron eso.
Entendemos que 11 meses es más que suficiente para haber desarrollado protocolos, especialmente cuando ya los tienen en más de 166 países del mundo”, analizó.
Además, cuestionó que, aunque el año pasado el Ministerio de Educación inició un proceso de licitación para reparar 570 centros educativos ese proceso aún no ha sido adjudicado.
Dijo que la población necesita saber cuántas escuelas se han acondicionado hasta el momento.
“En cuanto a los niños, expertos han dicho que lo que viene en los próximos años, la pandemia de salud mental va a hacer mayor que la pandemia actual del Covid-19”, expresó Porrello.
Presentan denuncia a entidades
Además, el acto de alguacil fue notificado, a modo de denuncia, a la Asociación de Instituciones Educativas Privadas (AINEP) y su presidente Antón Tejada; a Acción Empresarial por la Educación (Educa), a la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) al Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), a la Sociedad Dominicana de Pediatría, al Colegio Dominicano de Psicólogos y a la Asociación Dominicana de Profesionales de la Psicología (Asodopsi).diariolibre
