Santo Domingo. Diversos partidos de oposición manifestaron este jueves que entregarán una lista a la Junta Central Electoral (JCE), a la OEA, así como a los observadores electorales, con los nombres de los oficiales militares con vinculación política con el partido de Gobierno y que fueron designados en labores de responsabilidad en las distintas provincias y municipios del país.
Esto con la finalidad de que “sean sustituidos por otros representantes de los cuerpos armados que hayan mantenido una conducta apegada al mandato constitucional para garantizar la transparencia e integridad del proceso de votación y del escrutinio y evitar que el fraude se traslade a la transmisión, la digitalización y validación de las actas con los resultados”, dijo Minou Tavárez, quien fungió de vocera de las organizaciones.
Durante una rueda de prensa, en la que suscribieron el Protocolo de lineamientos básicos para la defensa común del voto en las elecciones del próximo domingo, quince partidos opositores exigieron también que se esclarezca, de manera convincente, la denuncia de que más de 277 mil electores desconocidos ahora aparecen en el padrón electoral, figurando personas de hasta 120 años de edad.
“A fin de combatir los intentos por parte del partido oficial de coaccionar e intimidar los votantes y de vulnerar la voluntad popular expresada en las urnas, exigimos a la JCE que disponga tantas medidas de control como sean necesarias contra la proliferación de personeros que, en franco activismo político e impidiendo el normal proceso de votación, abarrotan los recintos electorales con gafetes de candidatos y de partidos”, añadió Tavárez.
Además, “… demandamos total transparencia y acceso antes de las elecciones al padrón de electores que utilizará la Junta Central Electoral en las elecciones del 15 de marzo para poder confrontarlo con el padrón por colegio electoral que reciben los partidos políticos. Igualmente reclamamos el acceso a la información de quiénes son los llamados “Máster”, sus cédulas, en cuál municipio operan, así como el límite de sus funciones”, agregó.
Manifestaron también que la Policía Electoral, bajo el mando de la JCE, tiene entre sus atribuciones la de impedir estas acciones violatorias de la ley y el orden.
Reclamaron que la JCE reglamente quién y cómo se van a acreditar las personas que representarán a los partidos en cada mesa de validación de las Juntas Electorales de los municipios y que también sea pública esta parte fundamental del proceso.
“Convirtamos los cacerolazos en “votazos” y defendamos todos y todas una República Dominicana en la que nunca más vuelvan a repetirse los hechos bochornosos que pretendieron violentar la voluntad soberana de dominicanos y dominicanas”, finalizó.
