El exsuperintendente de la constructora brasileña Odebrecht en Perú Jorge Barata y su sucesor en el cargo, Ricardo Boleira, identificaron este martes ante fiscales peruanos en Sao Paulo los seudónimos utilizados por la compañía en su esquema de «caja 2» para sobornar a políticos y autoridades de ese país.
La fiscalía peruana terminó este martes en la sede del Ministerio Público Federal brasileño, en Sao Paulo, la primera fase del acuerdo de colaboración con la constructora con la decodificación por parte de Barata y Boleira de la información suministrada por la empresa.
«Estamos satisfechos con el desarrollo de la diligencia», señaló a periodistas después de doce horas de interrogatorio a los dos exejecutivos el jefe de la Fiscalía peruana para el caso Lava Jato, Rafael Vela, quien encabezó el equipo que corroboró con Barata y Boleira la «vinculación» de personas con los documentos entregados.
El pasado 16 de febrero, los fiscales peruanos firmaron en Sao Paulo un acuerdo en el que Odebrecht se dispuso a entregar documentos «valiosos» y a pagar 610 millones de soles peruanos (unos 185 millones de dólares) al Gobierno del país andino por los sobornos realizados.
Odebrecht admitió haber entregado aportes para adjudicarse cuatro grandes obras de infraestructura en Perú, entre 2005 y 2014, así como haber apoyado las campañas electorales de varias figuras políticas en el país.
«Han entregado mucha información dentro del marco del acuerdo de colaboración eficaz que nosotros respetamos y que como institución hemos defendido», apuntó Vela, para quien con la «la entrega de información privilegiada», «una serie de hipótesis se van a generar y otras se están comprobando dentro del trabajo que desarrollamos».
El interrogatorio se extendió por doce horas, consiguiendo concluir la decodificación de la información, y por eso la segunda sesión que estaba prevista para el miércoles se canceló.
Vela explicó que los seudónimos utilizados por Odebrecht para los pagos fueron identificados «casi en su totalidad», aunque admitió que «hay algunos que todavía no han podido ser decodificados porque necesitan de un contexto, pero en realidad son pocos casos».
«La mayor parte de ‘codinomes’ (seudónimos) han sido identificados en el caso de Gasoducto del Sur, que como ya se sabe hay una declaratoria expresa de culpabilidad de la empresa Odebrecht», agregó.
Sobre las supuestas coimas para algunos consultores y comunicadores del país andino por parte de Odebrecht, Vela evitó dar detalles, pero aseguró que todos los pagos relacionados por Barata y Boleira son «ilícitos, provenientes del Departamento de Operaciones Estructuradas en la denominada ‘Caja 2′».
«Lo que puedo confirmar es que efectivamente se ha entregado información que corresponde a pagos no contabilizados a cada ‘codinome'», añadió.
Según medios peruanos, Barata reveló, entre otros, que el seudónimo «Careca» le corresponde a la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, a quien se le ha dictado 24 meses de cárcel mientras es investigada por haber recibido 500.000 dólares para su campaña de reelección a cambio de la obra Vías Nuevas de Lima.
El abogado de Barata, Carlos Kauffmann, comentó a periodistas al final del interrogatorio que «todos los puntos preguntados fueron esclarecidos. Eso hace parte de la colaboración y todo transcurrió como debería transcurrir delante de una colaboración».
«La colaboración continúa, es continúa, y estamos siempre a disposición para efectivar el acuerdo y que las cuestiones sean resueltas», subrayó.
Entre febrero y abril, el equipo de fiscales tomó en las ciudades brasileñas de Salvador (noreste), Sao Paulo (sureste) y Curitiba los testimonios de varios exejecutivos de Odebrecht y de otras constructoras inmiscuidas en el esquema de corrupción que viene sacudiendo las altas esferas de la clase política peruana.
Paralelo al interrogatorio a Barata y Boleira, otros fiscales y procuradores peruanos adelantan esta semana acciones similares en Curitiba, Salvador y Sao Paulo, donde el viernes se concluye con la declaración del exrepresentante de Camargo Correa en Perú Marcos Moura Wanderley ante el procurador Jorge Ramírez.
