Por Jhonny Trinidad
SANTO DOMINGO.- Los siete directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) arrestados durante la denominada operación Búho habrían adquirido más de 50 bienes e inmuebles con los 2,500 millones de pesos que se cree timaron a los ahorrantes.
Entre las adquisiciones de la red figuran 21 apartamentos, 13 vehículos de lujo, seis casas, tres villas, tres locales comerciales, tres motocicletas, un helicóptero, un barco, un yate y un Pent-House.
LAS PROPIEDADES
Al menos 16 apartamentos que el expediente los identifica como una sola propiedad están ubicados en el condominio Brisas del Este, en Higüey.
Otros dos están en la Torre Caney, frente al Mirador Sur, uno en el condominio Malecón Center y otro en la Torre Veiramar II y uno en la Torre Carlos Michell, en el Distrito Nacional.
La red integrada por Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Kenia Del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra y Julio César Minaya también compró un pent-house está en la Torre Anacaona II y propiedades en el residencial Isabel Villas, en el Distrito Nacional; Prado Oriental, en Santo Domingo Este, carretera San Pedro Hato Mayor y tres en el municipio Consuelo, San Pedro de Macorís.
Además, adquirió villas en Casa de Campo, La Romana, el municipio Consuelo, Guavaberry Golf Club y Los Llanos, en San Pedro de Macorís.
Asimismo, dos inmuebles en Guayacanes, uno en Cap Cana, el condominio Golden Bear Longe y en Estancia Golf Resort, en Higüey.
Los locales comerciales están en una plaza ubicada en la intersección de las avenidas 27 de febrero y Winston Churchill, del Distrito Nacional.
La red también compró el yate Denrae, con una longitud de 26.50 metros y registrado Islas Caimán.
VEHICULOS ALTA GAMA
Entre los vehículos figuran Mercedes Benz, GLE-43 AMG COUPE 4MATIC; Porsche BOXSTER S; Tesla X P100D AWD, Lexus LX570, Ford Ranger XLT y Kia Forte EX.
Según el expediente elaborado por el Ministerio Público a los encartados se les acusa de haberbe constituido en asociación de malhechores y realizado prácticas irregulares con el dinero de los socios de Coop-Herrera.
MICHAEL MIGUEL HOLGUIN
En el expediente también son mencionados el comunicador Michael Miguel Holguín y Gabriel Santana, dueño de la emisora La Máxima Radio Show.
El documento señala que en 2018 se formó una asociación de malhechores entre los imputados Jorge Eligio Méndez Pérez y Gabriel Santana Borsilea, quienes fueron referidos a Coop Herrera por Miguel Ángel Holguín García, mejor conocido como Michael Miguel.
“Es en ese mismo año son aprobados en Coop Herrera, préstamos por más de cincuenta millones de pesos a Gabriel Santana Borsilea y sus empresas Comercial Gabriel Santana S.R.L. y Gabriel Santana Auto Import S.R.L., sin este poseer una garantía suficiente que haga rentable dicho préstamo», indica el expediente.
Agrega que las referidas empresas fueron constituidas en 2018 y 2016, respectivamente, «lo que evidencia el poco o nulo historial comercial de las mismas, además de no poseer actividades afines con el sector cooperativo para poder ser beneficiados con préstamos».
MODUS OPERANDI
Según el Ministerio Público, los imputados crearon una estructura delincuencial que respondía de forma exclusiva a Méndez, administrador general de Coop-Herrera.
Méndez comenzó a posicionar en puestos administrativos a familiares y personas de confianza que les permitían manejar los fondos de los socios como si fuesen un patrimonio propio.
Los encartados utilizaron documentos falsos como garantías y se hicieron beneficiarios de préstamos millonarios que no fueron pagados, sino que ese dinero fue sustraído de los fondos de los ahorrantes de la cooperativa.
Además, simulaban reestructuraciones de préstamos de forma mensual y anual con el que aparentaban los balances como positivos en los estados financieros, sin embargo, las cuotas de esos créditos nunca eran pagadas.
Según el expediente, los imputados creaban créditos falsos que luego se desembolsaban en las cuentas de otros socios que participaban en la estructura criminal.
Asimismo, simulaban la apertura de certificados financieros a plazos (sin respaldo económico), que generaban intereses que eran retirados en efectivo o usados para pagar las nóminas de las empresas que participaban en la red
