SANTO DOMINGO, R.D.– A medida que se iba desarrollando la audiencia de los imputados del caso Calamar, el Ministerio Público fue variando la solicitud de medida de coerción a los implicados en una supuesta red de corrupción administrativa desmantelada mediante la operación Calamar.
El órgano persecutor varió la solicitud de prisión preventiva a arresto domiciliario, impedimento de salida del país y garantías económicas, a medida que los imputados decidían colaborar con el Ministerio Público y admitían las imputaciones.
Sin embargo, los acusados de ser los cabecillas de la supuesta red que habría estafado al Estado dominicano con más de 19 mil millones de pesos, se mantienen firme defendiendo su inocencia.
Se trata de Donald Guerrero, exministro de Hacienda; Gonzalo Castillo, ex titular del Ministerio de Obras Públicas y pasado candidato presidencial; y José Ramón Peralta, y el exministro administrativo de la Presidencia.
Los otros tres imputados que tampoco llegaron a un acuerdo con el Ministerio son el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo, y Aldo Antonio Gerbasi, ex asesor del Ministerio de Hacienda.
También se le varió la solicitud de prisión preventiva por una menos gravosa, a Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Ramón Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
Estos imputados aceptaron las imputaciones que les hace el órgano acusador en el expediente de unas 2,120 páginas y que además, contiene unas 1,200 elementos de pruebas.
Hoy la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional se retiró a ponderar y mañana a las 10:00 de la mañana dará a conocer el fallo de la solicitud de medida de coerción de los imputados en el caso Calamar.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los apresados es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.
POR: FRANKELVIN SANCHEZ
