SANTO DOMINGO (EFE).- El Ministerio Público de República Dominicana solicitó este martes en una audiencia enviar a juicio a siete implicados en la trama de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht en el país, tras culminar la etapa de presentación de pruebas.
Una vez que el Ministerio Público terminó de exponer las pruebas, los imputados, entre ellos un legislador, tres exsenadores y un exministro, disponen de cinco días para presentar su defensa, según lo establecido por el juez de la Suprema Corte de Justicia Francisco Ortega Polanco.
Los imputados son el senador Tommy Galán, del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y los exsenadores Andrés Bautista, Roberto Rodríguez y Jesús Vásquez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de oposición).
Asimismo, el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, miembro del PLD, su supuesto testaferro, Conrado Pittaluga, y el empresario Ángel Rondón, a quien se atribuye el reparto de los 92 millones de dólares que Odebrecht confesó haber pagado en el país como sobornos para que le fueran concedidos contratos de infraestructuras públicas entre 2001 y 2014.
El grupo es acusado de soborno, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, delitos que los imputados niegan.
El Ministerio Público solicitó, además, que se le impongan medidas de coerción a Vásquez, como el impedimento de salida del país y bloquear sus cuentas bancarias.
La solicitud de la acusación se produjo debido a que sobre Vásquez no pesan medidas coercitivas, pues fue el último en ser incluido en el expediente.
A finales de mayo de 2017, el Ministerio Público imputó a 14 personas por el caso, contra quienes se emitieron distintas medidas, entre ellas prisión, pero en junio pasado el procurador general, Jean Alain Rodríguez, presentó acusación formal contra seis, dejando a ocho fuera del expediente.
Rodríguez anunció entonces la inclusión en el expediente de Jesús Vásquez, hasta hace poco secretario general del PRM.
Odebrecht llegó a un acuerdo con la Procuraduría General de la República por el que deberá pagar 184 millones de dólares en varias cuotas, el doble de lo entregado en sobornos entre 2001 y 2014.
