En los últimos años los escándalos de los abusos sexuales cometidos contra menores por obispos y sacerdotes de la iglesia católica han calado alrededor de todo el mundo, y República Dominicana no ha sido la excepción.
Antes estas incesantes polémicas el Vaticano emprendió una cumbre, que tuvo lugar del 21 al 24 de febrero para abordar los casos de pederastia cometidos por miembros de la iglesia Católica, y evaluar la forma de frenar los casos de pederastia y ayudar a sus víctimas.
El más reciente de los casos ocurridos en el país fue el de la muerte del adolescente Fernely Carrión, quien fue asesinado por el sacerdote Elvin Taveras Durán, quien también lo había violado sexualmente.
En agosto del 2017, Carrión, de 16 años, desapareció luego de salir a reunirse con el sacerdote Elvin Taveras Durán, bajo quien desempeñaba el cargo de monaguillo en la Iglesia Santa Cecilia del sector Hainamosa, municipio Santo Domingo Este.
Tras su desaparición la familia del joven denunció que este era violado por el sacerdote, quien fue detenido por las autoridades con fines de investigación. Días después el cadáver del joven fue hallado en un matorral de Bayaguana, municipio de Monte Plata.
Según se determinó en las investigaciones posteriores, el menor había empezado a ser violado por el sacerdote 6 años antes del crimen, cuando apenas tenía 10 años de edad.
Durante el juicio, el exsacerdote alegó que el día del crimen el joven había tomado un cuchillo y lo atacó, y tuvo que defenderse.
Sin embargo, el Tribunal comprobó que Taveras Guzmán le infringió cuatro heridas por la espalda a Fernelis y de acuerdo a la autopsia, quedó agonizante, pero lo remató cortándole el cuello.
El exsacerdote fue condenado a 30 años tras las rejas en la cárcel modelo de Najayo, la primera vez que un miembro de la iglesia Católica recibe la pena máxima en el país por un hecho criminal.
A Taveras Guzmán también se le condenó a pagar una indemnización de un millón de pesos a favor de las víctimas y el pago de las costas civiles.
Alberto Gil
Otro caso que caló en el país fue el del sacerdote polaco Wokcietch Waldemar Gil (Alberto Gil), quien en 2014 fue detenido en Varsovia por cuatro delitos contra la libertad sexual de menores, dos de ellos cometidos en Polonia y otros dos en República Dominicana, donde ejercía como párroco de Juncalito, en la provincia de Santiago.
De acuerdo a testigos de la comunidad, tras su llegada al sector Gil tomó un inmediato interés por los adolescentes de la parroquia, aumentado el número de monaguillos de ocho a 177 durante los ocho años que ejerció como cura.
En Polonia Gil fue enjuiciado bajo diez cargos, ocho por abuso a menores y otros dos por posesión de pornografía infantil y tenencia ilegal de armas, por los que de ser hallado como culpable hubiera podido cumplir una posible condena máxima de 12 años de prisión.
El cura, sin embargo. se declaró culpable y llegó a un acuerdo para reducir su condena a siete años de prisión domiciliaria y la prohibición a trabajar con menores de edad durante 15 años.
No obstante, las cicatrices de los crímenes quedaron marcadas en la sociedad dominicana, donde muchos de los adolescentes abusados quedaron afectados por traumas, razón la cual se iniciarán ciclos de terapias integrales, dirigidas a las familias y los afectados involucrados en el caso del sacerdote polaco.
En 2013 el papa Francisco destituyó al embajador del Vaticano en Santo Domingo, Jósef Wesolowski mientras existía una investigación en curso sobre las acusaciones a su persona en relación con varios casos de supuestos abusos de menores.
El exnuncio ante República Dominicana se enfrentaba a entre 6 y 7 años de prisión por los actos pederastas de los que se le acusaban en ese país caribeño y por la posesión de una «cantidad importante» de fotografías pedopornográficas, descargadas de internet en la Santa Sede.
No obstante, Wesolowski falleció en agosto del 2018 antes de que las investigaciones llegaran a algún lado.
Otros Casos
El sacerdote Domingo Espinal fue condenado a 15 años de prisión por violar sexualmente a un menor de 12 años en septiembre de 2003, en el sector El Invi de la carretera Sánchez.
El religioso fue además condenado a pagar una multa de 100 mil pesos, tras comprobar la denuncia hecha ese año en el programa de la periodista Nuria Piera.
Mientras que en el año 2005, un grupo de sacerdotes y feligreses fueron acusados por nueve menores, ocho niñas y un niño, de violación sexual y sadomasoquismo. Los hechos se cometieron en el año 2004 en el “Hogar La Ciudad de los Niños, San Francisco Javier”, de San Rafael del Yuma, en Higüey. Los relatos que las niñas y el niño hicieron durante los interrogatorios parecen sacados de una novela de terror.
