Puerto Príncipe, 12 oct (Prensa Latina) El bloqueo de los grupos armados a la principal terminal petrolera de Haití cumple hoy un mes, sin que la Policía pueda recuperar el control de la zona estratégica, mientras se agrava la crisis sanitaria.
Desde el 12 de septiembre los miembros de la federación de pandillas G-9 y aliados limitan el acceso a Varreux donde se almacena el 70 por ciento del combustible del país caribeño.
Construyeron trincheras en las inmediaciones del depósito, instalaron barricadas humeantes, mantienen el área fuertemente vigilada e incluso retaron al Gobierno a intentar recuperar su control.
El líder de la federación condicionó el desbloqueo a la renuncia del primer ministro Ariel Henry, similar a lo ocurrido el pasado año.
«Ustedes entrarán a esta terminal cuando estemos muertos. Es por nuestras entrañas que pasarás, Ariel», dijo el expolicía en un video que circuló en redes sociales.
CONSECUENCIAS EN LOS HOSPITALES
Las consecuencias son devastadoras con la mayoría de los hospitales que aún permanecen abiertos prestando servicios mínimos, el cierre de las potabilizadoras de agua y otras empresas, mientras se pospuso tácitamente el reinicio del año académico ya postergado en septiembre.
Todo ello ante un resurgimiento del cólera que hasta la fecha fue responsable de 18 muertes en instituciones sanitarias, otras nueve en centros penitenciarios y siete comunitarias. Al menos un niño falleció como consecuencia de la enfermedad.
El detonante en esta ocasión fue el anuncio gubernamental de un alza en los precios de los combustibles que duplicó el costo de la gasolina y aumentó un 89 por ciento el diésel.
Las protestas, que hasta entonces criticaban el desabastecimiento de los carburantes, la inflación, aumento de la canasta básica y la gestión estatal, se recrudecieron y decenas de miles de personas salieron a las calles a expresar su descontento con escenas de saqueo y violencia.
PIDEN ESTABLECER CORREDOR HUMANITARIO
Varias organizaciones, entre ellas Naciones Unidas, pidieron establecer un corredor humanitario que permita la distribución de los hidrocarburos que alimentan el 86 por ciento de la generación eléctrica nacional.
El Gobierno, por su parte, solicitó el despliegue de una fuerza internacional especializada, lo cual fue interpretado por personalidades, así como plataformas sociales y políticas como un llamado a la ocupación.
Mientras los pocos litros de carburante que expende el mercado informal alcanzaron precios astronómicos y los productos de primera necesidad, transportación y servicios son cada vez más inaccesibles para la mayoría de la población.
