SANTO DOMINGO – En una evidente actitud chantajista, y aprovechando el proceso de transición del Gobierno, los abogados Erick Yael Morrobel Reyes y Luis Enrique Ricardo Santana intentan obligar al Ministerio de la Juventud a pagar una suma millonaria mediante una sentencia de un caso que enfrenta a esta institución con la empresa Inforedes Conocimiento y Alta Tecnología (ICAT), propiedad de Elby-Ramón Cabrera Herrera, proceso que se debate en los tribunales desde la anterior gestión 2012-2016, y que está en la etapa de revisión de sentencia en el Tribunal Superior Administrativo.
El presidente de la entidad comercial Inforedes Conocimientos y Alta Tecnología (ICAT), Icatek Soluctions SRL, Elby-Ramón Cabrera Herrera y sus abogados vienen realizando una campaña difamatoria y de intento de chantaje contra el Ministerio de la Juventud, en relación a un proceso judicial que aún está a la espera de revisión de sentencia en el Tribunal Superior Administrativo, colocando ante la opinión pública a la Ministra como la persona demandada, contrario a como se puede confirmar en la sentencia, donde la litis la lleva la institución producto de una negociación que no se realizó con la actual incumbente.
En este contexto, la entidad comercial Inforedes Conocimientos y Alta Tecnología (ICAT), Icatek Soluctions SRL, conociendo que judicialmente el caso está en proceso de revisión de la sentencia en el Tribunal Superior Administrativo, anuncia, como si fuera una realidad, un supuesto fallo en contra de la Ministra de la Juventud, con el burdo interés de presentar una acción imposible como una realidad legal, puesto que ningún fallo puede ejecutarse hasta adquirir la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada, y de paso intentar que la Ministra ceda a sus pretensiones, afectando su reputación.
El Ministerio de la Juventud desmiente que haya pagado con cheques a esta empresa, puesto que esta institución no utiliza esta forma de pago, exceptuando gastos menores por Caja Chica. Este es otro intento de difamación implementado por los abogados citados.
Para edificación de la opinión pública, el Ministerio de la Juventud aclara que este caso es contra la institución, no contra la Ministra Robiamny Balcácer, como ellos han colocado en algunos medios. Se recuerda que este caso surge cuando las empresas Icat e Icatek presentaron unas facturas por supuestos servicios académicos prestados, en vista de un convenio firmado el 23 de julio de 2013.
Empero en los archivos de los departamentos Financiero y de Becas se determinó que el expediente estaba incompleto, por lo cual se procedió a iniciar una investigación, acorde a los procedimientos administrativos.
Con la intención de dar solución a la reclamación, tal como ha sido la práctica de esta gestión de honrar todos los compromisos económicos contraídos, y en actuación responsable con el manejo de la gestión pública, se les pidió a las empresas Icat e Icatek los soportes y documentos que sustentaran el pago por los supuestos servicios, para llevar los procesos que manda la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones del Estado y las demás legislaciones asociadas a estas actuaciones en el Gobierno.
En base al principio de Continuidad del Estado, y luego de notificada la sentencia, se llegó a un acercamiento entre las partes con el fin de gestionar el pago de la misma, pero los abogados de la parte contraria exigían que el desembolso se les hiciera a sus cuentas personales, contraviniendo los procedimientos gubernamentales para estos procesos.
En consecuencia, y en vista de que existe una oposición de pago y embargo retentivo en contra de Inforedes Conocimientos y Alta Tecnología (ICAT), Icatek Soluctions SRL, por una cesión de créditos al Banco del Progreso, el Ministerio de la Juventud se vio obligado a oponerse al pago de la supuesta deuda.
El Ministerio de la Juventud y su ministra han actuado apegados a las leyes y en defensa del patrimonio público. Nunca se ha tenido la intención de no pagar, sino que, como manda la Ley, el pago se realice en base al soporte irrefutable del servicio prestado.
El caso en cuestión está en manos de la Justicia y allí hemos acudido, para que sean los jueces quienes decidan sobre este impasse, proceso que ahora debe esperar por el fallo del Tribunal Superior Administrativo, por lo cual es improcedente cualquier acción judicial al margen de esta decisión.
