SANTO DOMINGO. –Ha salido a la luz este lunes una supuesta estafa millonaria por parte de empleados del Consejo de Promoción y Apoyo a Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme) con asiento en Monte Plata.
Unos RD$8.4 millones lograron obtener el grupo de empleados tras emitir 19 préstamos, en el mes de marzo, en contubernio con una empleada del Banco de Reservas, quienes daban préstamos a personas fallecidas y otras que no eran notificadas, de los cuales fueron cobrados en efectivo más de RD$5.2 millones por cajeros automáticos, precisa el expediente acusatorio por el Ministerio Público.
Todo se detectó cuando que una señora el día 17 de abril del presente año fue a una de la oficina con asiento en Santo Domingo, por un mal funcionamiento de su tarjeta de débito, cuando le informan que tenía la suma RD$500,000 sin ella haberlo solicitado ese dinero y que su tarjeta no funcionaba porque esta había sido reemplazada y tenía un retiro de RD$20,000. de los RD$500,000 que tenía en su cuenta.
Un agente de la edad bancaria donde fue la señora a reclamar, bajó con esta servicio al cliente y dijo que la señora vino a cancelar su préstamo, pero la señora ratificó que fue a averiguar sobre el supuesto préstamo y no a saldarlo, lo que alertó a las autoridades tanto de Promipyme como del Banco de Reservas, por lo que iniciaron una minuciosa investigación en cada institución”, precisa el expediente del Ministerio Público.
Por el hecho están detenidos José Miguel Moreno Castillo, a quien se señala como cabecilla de la banda, y Nelson Julio Ortíz Mercedes, alias El Cojo, quien procedía a retirar los préstamos que se emitían desde Promipyme, mientras se encuentran prófugos de la justicia Víctor Alcántara, Cristian Manuel Santos Arias y Kisairys Elena Mieses Saturria, quien era empleada del Banco de Reservas y firmaba las emisiones de los préstamos.
El documento también señala que la banda se aprovechó de una feria de préstamos otorgados por Promipymes en marzo del presente año por más de RD$26.5 millones para filtrar y mezclar los expedientes falseados con los que agotaron su proceso normal.
Los involucrados están siendo acusados de estafa, abuso de confianza, asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y uso de documentos falsos, ilícitos que están contemplados en el Código Penal y la Ley 53-07 sobre delitos de alta tecnología.
