El presidente Danilo Medina formó una comisión para investigar la denuncia formulada y aparecida hoy en los medios de comunicación, sobre irregularidades en el proceso de contratación denominado INAIPI -MAER-PUR-20200-002.
Dicha comisión estuvo integrada por loa ministros de la Presidencia, Gustavo Montalvo; y Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; la directora general de Compras y Contrataciones Públicas, Yokasta Guzmán; y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, quien informó que tras la revisión se recomendó al presidente de la República la remoción de los principales funcionarios vinculados al proceso de compra antes indicado.
En ese sentido, por medio del decreto 146-20, se hizo efectiva la destitución del director de Operaciones del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), Ricardo Guzmán; y de la directora de Compras, Maira Martínez; así como de los cinco miembros del comité de licitaciones.
Mediante ese mismo decreto, se designó a Kenia Lora, directora del INAIPI, en sustitución de Berlinesa Franco (renunciante).
Igualmente, Greybby Cuello quedó designada directora del Consejo Nacional de la Niñez (CONANI), en sustitución de Kenia Lora.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo explicó que la directora del INAIPI presentó su renuncia con efecto inmediato, “quien reconoció que por la prisa con el Estado de Emergencia del país fueron omitidos procedimientos mandatarios de nuestra legislación”.
Indicó que estas decisiones fueron motivadas tras realizarse las debidas investigaciones en torno al procedimiento para la compra de 40 mil kits de alimentación.
“A estas violaciones se suma, además, que se permitió la entrega de mercancías por parte de proveedores al margen de cualquier proceso de compra y sin ninguna documentación de respaldo”.
Informó, asimismo, que el proceso de compra en marcha ha sido cancelado. “Se constató, efectivamente, que se había establecido un mecanismo de precios fijos por encima de los precios del mercado, lo cual es inaceptable”.
Señaló que este caso será puesto de manera inmediata a la Procuraduría General de la República.
“Desde el Gobierno, no estamos asegurando de que, más allá de cualquier circunstancia, los procesos de compra se rijan por los principios de competencia, publicidad y transparencia claramente establecidos en nuestra legislación.
Aseguró que a los ciudadanos que “pueden estar seguros: a todo funcionario que sea sorprendido en mala práctica le será aplicada de manera estricta la ley”.
