EFE
MÉXICO – La Cámara mexicana de Diputados aprobó este jueves por unanimidad prohibir a cualquier persona, incluyendo padres de familia, que castiguen de forma física o «humillante» a los niños, incluyendo golpes y nalgadas.
Los diputados avalaron con 446 votos las reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y al Código Civil Federal para prohibir el castigo corporal como forma de corrección o disciplina.
«No hay insulto pequeño ni golpe suave, la violencia es una sola y cuando se normaliza desde edades tempranas se convierte en una conducta aceptable para las personas en el largo plazo», argumentó la diputada Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de Justicia.
Los legisladores citaron que 63 % de los menores de 14 años han sufrido agresión psicológica o castigo corporal en su hogar, según la Encuesta Nacional de Niñas y Niños y Mujeres.
Las reformas, que ahora solo aguardan la aprobación del poder Ejecutivo, abarcan a la madre, padre o cualquier persona en la familia que ejerza la patria potestad de niñas, niños y adolescentes.
También incluye a encargados y personal de instituciones educativas, deportivas, religiosas, de salud y de asistencia social.
Asimismo, define el castigo corporal como aquel que utilice la fuerza física, incluyendo golpes con la mano o con algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de las orejas, quemaduras, o cualquier otro acto que tenga como objeto causar dolor o malestar, aunque sea leve.
“Consideramos que los castigos físicos humillantes contra niñas, niños y adolescentes configuran una violación a sus derechos fundamentales, los cuales debemos de garantizar”, opinó Verónica Juárez, diputada del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).
La iniciativa incluye estos castigos dentro del concepto de violencia familiar, considerada en el dictamen como el uso intencional de la fuerza física, moral o de cualquier acto que tenga como objetivo provocar dolor, molestia o humillación.
Aun así, la diputada Mariana Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que la reforma no busca «criminalizar a los padres, sino crear conciencia de que los castigos corporales no son tolerables y que pueden llevar a los niños a sufrir repercusiones durante toda su vida».
Al celebrar la aprobación del dictamen, las organizaciones internacionales coincidieron con el espíritu de las modificaciones.
«No significan que padres, madres o cuidadores serán criminalizados. Por el contrario, abren la oportunidad a un cambio cultural y de consciencia en nuestra sociedad para dejar de normalizar como método formativo los golpes», declaró Nancy Ramírez, directora de incidencia política de Save the Children en México.
